México, 2 sep (Prensa Latina) La Cámara de Diputados aprobó hoy por mayoría la ley de juicio político y declaración de procedencia, que permite determinar si procede actuar penalmente contra un presidente de la República en ejercicio del cargo.
Sin embargo, incluye aspectos legales para evitar una destitución automática del mandatario en cuestión.
Durante más siete horas, el pleno de la Cámara Baja discutió y aprobó con 266 votos en favor y 205 en contra, una iniciativa del partido Morena -que copió de un dictamen aprobado la legislatura anterior- y la mayoría solo aceptó tres reservas para precisar el proceso político contra un presidente en funciones, señalaron voceros del legislativo.
Indicaron que se incluyó en la ley respetar el principio de presunción de inocencia, que las sesiones donde se aborde una acusación ministerial contra el jefe de Estado sean presenciales y que la decisión del Senado, erigido en Jurado de Sentencia, sea por el voto de las dos terceras partes presentes en la sesión respectiva.
Antes en la iniciativa, a la cual se le dispensaron todos los trámites legislativos, Morena cambió la redacción avalada en agosto pasado en comisiones, para acotar que, si el Senado determina la responsabilidad del presidente cuestionado, la decisión no sea la destitución del cargo, sino resolver en términos de la legislación penal aplicable.
Para la oposición los cambios a la redacción constituyen un blindaje e impedirán que un presidente durante su encargo pueda ser sancionado.
El diputado oficialista Leonel Godoy señaló que la decisión se adopta en términos según el artículo 110 de la Constitución, por el cual la Cámara de Diputados primero resolverá por mayoría absoluta la acusación a enviar al Senado que, a su vez, aplicará la sanción por aprobación de las dos terceras partes de los presentes.
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